En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el INDH Copiapó realizó un conversatorio sobre la materia. En la jornada que congregó a familiares de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico militar, defensores de derechos humanos y comunidad, expusieron la académica Elizabeth Lira y el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay.
Según explicó la jefa regional del INDH Sede Copiapó, Marcia Quezada esta actividad se enmarcó en dos objetivos, aportar en el ejercicio del derecho a la memoria y a reflexionar sobre el rol del Estado en las tareas de justicia, reparación y garantías de no repetición.
En este sentido precisó “esta actividad la desarrollamos en el marco del ejercicio del derecho a la memoria, que nos permite recordar a las personas y a las familias que han sufrido uno de los delitos más atroces ocurridos en tiempos pasados yoscuros de nuestro país, pero que también lamentablemente se han cometido en plena democracia, pues hay que recordar que las desapariciones forzadas no sólo se adscriben a las dictaduras militares acontecidas en América Latina, ya que lamentablementeen nuestro país se han registrado casos de manera posterior al advenimiento de la democracia, como los cuatro desapariciones forzadas que se reportaron entre los períodos 1990 y 2000”.
Otro de los objetivos de este conversatorio, es reflexionar sobre las tareas pendientes, “pueseste es un delito donde el estado debe tener una participación importantefundamentalmente en lo relacionado con tipificar la desaparición forzada, ya que en nuestro país no está tipificado como delito,sino que está dentro de otro margen jurídico general que dice relación con la persecución penalcomo crimen de lesa humanidad”, dijo Marcia Quezada.
En este contexto, la jefa regional del INDH Sede Copiapó añadió “entre las obligaciones pendientes del estado no solamente se requiereuna nueva normativa nacional en la temática sino también poder implementar una serie de recursos tecnológicos, de apoyo para la búsqueda de las personas desaparecidas porque hasta el día de hoy sus familias sufren por no tener un lugar donde entregarle una sepultura o poder rendir un homenaje, lo que conlleva una herida no solamente en estas familias sino también en un trozo de la historia de nuestro país que nos recuerda permanentemente que también tenemos que exigir al estado mecanismos de reparación, por una parte a los familiares de estas víctimas y por otro lado,medidas de no repetición para que eventos tan dramáticos no vuelvan a ocurrir en nuestro país”.
EXPOSITORES
Elizabeth Lira es una destacada psicóloga e investigadora académica chilena, activista y quien cuenta con diversos premios de derechos humanos por sus aportes al desarrollo de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Psicológicas. Actualmente es la directora alterna del “Núcleo Milenio de Investigación en producción y uso estatal de datos sobre severas violaciones a los derechos humanos -Data Justa”.
Respecto a las tareas pendientes en el país en materias de derechos humanos, Elizabeth Lira señaló que “el Estado de Chile le debe a la sociedad chilena y a los familiares una respuesta sobre la detención forzada que afectó a más de mil cuatrocientas familias en el país. Tenemos una deuda con ellos porque el Estado se ha demorado muchos años en responder a todos los que están pendientes. Y la respuesta no es solamente buscar restos que muy probablemente no vamos a encontrar, sino darles una respuesta a cada familia que fue lo que pasó con sus familiares y cuáles son los esfuerzos que ha hecho el Estado chileno por encontrarlos, por responder por la responsabilidad que significa que agentes del estado dispusieron de las vidas de esas personas”.
Finalmente, Elizabeth Lira, quien también fuera Premio Nacional de Derechos Humanos en el año 2017 añadió, “por cierto que tras las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura las respuestas que el Estado de Chile ha proporcionado no lograron hacer justicia, ni reparar a todas las víctimas, y eso siempre es también una deuda”.
En tanto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay abordó los estándares internacionales en derechos humanos, y entregó detalles del Plan Nacional de Búsqueda, impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Al respecto la autoridad regional destacó “a dos años de vigencia del Plan Nacional de Búsqueda estamos avanzando en memoria y justicia, esperamos que se puedan esclarecer las trayectorias de las víctimas y encontrar a las personas que aún nos faltan. Reafirmamos nuestro compromiso como Gobierno para que este plan sea una política de Estado permanente. Hemos logradoque exista una nómina oficial de las 1.469 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico militar. Hoy también contamos con un mapa georreferenciado de sus trayectorias, disponible en plannacionaldebusqueda.cl”.
“Junto a lo anterior, actualmente ministros y ministras en visita a lo largo de todo Chile están realizando más de 100 diligencias en terreno en distintos lugares donde se efectúan búsquedas para encontrar la verdad de lo que ocurrió durante la dictadura civil militar. Hay que reiterar que el Plan Nacional de Búsqueda trabaja por la memoria, porque la memoria es la garantía que tenemos de que estos terribles hechos no vuelvan a ocurrir nunca más en nuestro país”, precisó el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Tomás Garay.
LABOR INDH Sobre el quehacer del INDH, Marcia Quezada destacó “nuestro rol es recordar einstar al Estado mediante los oficios, actos públicos, el recordar el derecho a la memoria. Realizar este tipo de actividades nos permitan estarpermanentemente instándole para que cumpla con sus compromisos internaciones en la materia. Otro aporte que realizamos desde las Instituciones Nacionales de Derechos Humanosdice relación con la posibilidad de decretar o de reconocer espacios o lugares donde hayan acontecido violaciones a los derechos humanosy que han afectado a la poblaciónal estar sometida a estoscrueles y dramáticos hechos en el marco de la dictadura chilena.El reconocimiento de estos sitios como espacios de memoria, el reconocimiento de estos hechos ya es una manera de reparar el daño causado a las víctimas y a sus familiares como parte del reconocimiento de una verdad social, mas allá de que aún y todavíade manera lamentable no se hallen los cuerpos de estas personas,si al menos el reconocimiento de que estos hechos ocurrieron ya emerge como parte de la justicia que debe garantizar el estado”.