A másdeunaño de la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago
Efectivo de Pensiones Alimenticias, la región de Atacama sigue consolidando avances
significativos para garantizar el cumplimiento de este derecho esencial de niños, niñas y
adolescentes.
Desde la entrada en vigor de esta normativa en mayo de 2023, los tribunales de familia han
ordenado a nivel nacional el pago de más de $1,3 billones de pesos a través de los
mecanismos establecidos por la ley, con $588 mil millones efectivamente pagados al mes
de octubre de este año, casi el doble de lo recaudado hasta mayo. En la región de Atacama,
la situación refleja un compromiso creciente: 1.715 deudores inscritos en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos han regularizado sus obligaciones,
representando el 31% de las inscripciones regionales.
La ley contempla procedimientos innovadores como la retención de fondos desde cuentas
bancarias, instrumentos financieros e incluso fondos de pensiones, asegurando que el
Estado asuma un rol activo en la persecución del patrimonio de los deudores. Además,
incluye medidas complementarias como el fortalecimiento de los tribunales de familia, con
una inyección de recursos que permitió contratar 193 funcionarios adicionales en el país.
La seremi de Gobierno de Atacama, Sofía Vargas Roberts, destacó los resultados
alcanzados: “En Atacama estamos viendo cómo esta normativa está transformando la vida
de muchas mujeres que, por años, enfrentaron solas las consecuencias del abandono
parental. El pago de las pensiones alimenticias ya no es solo un deber, sino una realidad.
Seguiremos trabajando como Gobierno para garantizar que cada niño, niña y adolescente
reciba lo que por justicia le corresponde, avanzando hacia una sociedad más justa y
equitativa”.
Por su parte, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Fabiola Gallardo Torres, recalcó:
“Con esto visualizamos la necesidad de urgencia que era esta ley, y como Gobierno le
dimos prioridad absoluta. Además, hemos llegado a cada rincón de nuestra Región de
Atacama para que niños, niñas y adolescentes tengan su pensión de alimentos, que son
derechos mínimos que requieren para vivir”.
Actualmente, la región cuenta con 4.905 deudores vigentes y 7.006 beneficiarios, cifras que
reflejan el impacto directo de esta ley en la vida de cientos de familias. El llamado del
Gobierno es a seguir formalizando las deudas en los tribunales de familia, ya que el
compromiso con los derechos de la infancia y el bienestar de las familias en Atacama es
prioritario
