Cámara de Diputadas y Diputados despacha a ley el proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias

Ministro Marcel: “Este es un momento que nos permite mostrar que somos capaces de ponernos de
acuerdo respecto de reformas importantes que apuntan a generar equidad en materia de
cumplimiento tributario, cerrar brechas, emparejar la cancha y contar con mayor justicia tributaria”.
 Ministro Elizalde: «Celebramos la aprobación de este proyecto, que es muy importante y consagra
un principio básico: Ley pareja no es dura”.
Valparaíso, 25 de septiembre de 2024.- Por amplia mayoría, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados
despachó a ley el proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, tras aprobar las modificaciones
introducidas por el Senado, que visó la jornada anterior la iniciativa en particular. Este proyecto que fue
enviado el 29 de enero de este año e inició su tramitación en marzo es un pilar sustancial del Pacto por el
Crecimiento Económico (Pacto Fiscal) e integra el fast track económico priorizado por el Gobierno.
En su intervención en el hemiciclo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que esta iniciativa “es parte
de un conjunto mucho más ambicioso (Pacto Fiscal), que no solamente apunta a asegurar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o emparejar la cancha para las pequeñas empresas que cumplen con sus
obligaciones y generar recursos adicionales para invertir en materia social. Este es el proyecto más completo
y comprensivo en materia de cumplimiento tributario que ha visto este Congreso en muchos años”.
En general este proyecto contempla una serie de medidas relacionadas con fortalecer la función fiscalizadora
para combatir la evasión y la elusión de impuestos, modernizar la administración tributaria, flexibilizar el
levantamiento del secreto bancario, fortalecer la Defensoría del Contribuyente, facilitar que los
contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones tributarias, enfrentar la informalidad y perfeccionar la
gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otras materias. Con la aplicación de estas
propuestas se busca generar una recaudación de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para financiar
prioridades sociales del programa del Presidente Boric.
Asimismo, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner destacó los avances en institucionalidad: “Este proyecto
representa un importante avance en materia de fortalecimiento de los servicios encargados de la
administración tributaria: Impuestos Internos, Aduanas y Tesorería, tanto en dotación, movilidad y recursos
tecnológicos como en atribuciones y modernización de sus procedimientos”.
La amplia mayoría en favor del proyecto obedece a las sucesivas instancias de diálogo que se abrieron
durante el proceso legislativo ya que en el primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara se
conformó una mesa de asesores, y luego, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, hubo una segunda
mesa de asesores, cuyo trabajo resultó en la presentación de casi 70 indicaciones por parte del Ejecutivo, la
mayoría aprobadas por amplio margen.
“Este es un momento que nos permite mostrar, que, incluso, a menos de un mes de una elección, somos
capaces de ponernos de acuerdo respecto de reformas importantes que apuntan a generar equidad en
materia de cumplimiento tributario, cerrar brechas, emparejar la cancha y contar con mayor justicia
tributaria. Y, por otro lado, allegar recursos para responder a las necesidades de la ciudadanía, incluyendo el
aumento de la PGU en el proyecto de reforma previsional, inversión en seguridad ciudadana y en el
presupuesto para 2025 financiar materias relacionadas con salud y con cuidados», agregó el ministro Marcel.
Con el proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias se estima una recaudación fiscal de 1,5%
del PIB, equivalente a US$4.500 millones aproximadamente, en régimen, con los que se podrá financiar el
aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 (1,2% del PIB) y cumplir con los compromisos
en materia de seguridad ciudadana. En conjunto con los recursos recaudados por el Royalty minero, se
incrementará el gasto público en seguridad en US$ 1.500 millones, totalizando un incremento de 40% en
inversión pública en seguridad, respecto de 2022.
El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, resaltó la aprobación de esta iniciativa:
«Celebramos la aprobación de este proyecto, que es muy importante y consagra un principio básico: Ley
pareja no es dura. Es decir, que todos en Chile cumplamos la legislación tributaria por igual. Y por tanto
entrega herramientas para enfrentar la evasión y la elusión. Con esta ley, además, tendremos recursos
adicionales para financiar desafíos sociales muy importantes».
Asimismo, la subsecretaria Macarena Lobos indicó: “Como ministerio Secretaría General de la Presidencia
contribuimos al despacho de esta importante iniciativa que permitirá financiar compromisos del Gobierno
que mejorarán significativamente la vida de chilenos y chilenas. En ese contexto, vamos a seguir fomentando
acuerdos para contar con una tramitación responsable y diligente en proyectos que apuntan a mejorar la
seguridad pública, económica y social de la ciudadanía. Agradecemos la disposición de todos los sectores
políticos en el Congreso y esperamos que este ánimo se replique”.
Contenido del proyecto
Del trabajo realizado en ambas cámaras, se aprobaron 24 materias por amplia mayoría, entre las que
destacan la fiscalización de grupos empresariales, la posibilidad de establecer la trazabilidad en comercio
de bienes, la ampliación de las medidas cautelares que puede solicitar el Servicio de Impuestos Internos (SII)
y las normas del fortalecimiento a la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), entre otras.
Respecto de las áreas donde hubo modificaciones, destacan los cambios al secreto bancario para el cual se
mantiene el procedimiento simplificado sin oposición del contribuyente y se modifica el procedimiento
judicial general mejorando sus plazos y suspendiendo la prescripción en favor del fisco. De esta manera, el
levantamiento del secreto bancario armoniza con los procedimientos de fiscalización siendo una
herramienta fundamental.
Asimismo, en Norma General Antielusiva (NGA), se mejoró el procedimiento en etapa administrativa y judicial,
quedando una regulación coherente y sin vacíos de procedimiento asegurando su correcta implementación
en el combate contra la elusión. En tanto, para el denunciante anónimo se mantuvo la recompensa, fijando
un piso para su aplicación cuando el impuesto defraudado sea superior a $80 millones (100 Unidades
Tributarias Anuales).
También se perfeccionó la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos incorporando un Consejo Tributario
que opinará sobre el plan de Gestión de Cumplimiento Tributario y las circulares sometidas a consulta pública,
no obstante, la interpretación de la ley tributaria se mantendrá dentro de las facultades del director del
Servicio.
Reconociendo la importancia de las Pymes en la economía, el proyecto incluye diversas medidas para aliviar
su carga tributaria y facilitar el cumplimiento. Entre ellas, que la tasa de interés sobre deudas tributarias se
reducirá desde un 1,5% por mes a una tasa diaria variable que será fijada semestralmente por el SII; se
permitirá a las Pymes acceder a convenios preferentes para el pago de deudas en 18 cuotas, con un pie inicial
no superior al 5% y condonación de intereses y multas; se introducirá una norma para declarar la
incobrabilidad de deudas tributarias mayores a 10 años y solicitar de oficio la prescripción de deudas
prescritas.
También se ampliarán las atribuciones de la Defensoría del Contribuyente aumentando su dotación en más
de un 50% para ofrecer mejor asistencia jurídica y acompañamiento a los contribuyentes; se permitirá la
representación judicial en los procedimientos de vulneración de derechos de los contribuyentes; y se
establecerá un procedimiento simplificado para el término de giro de Pymes facilitando el cierre ordenado
de sus operaciones.