Este año, la celebración del día del minero tiene un valor muy especial, tras haberse promulgado la semana pasada la ley de Royalty que fortalecerá, como nunca, a las regiones a través de los gobiernos regionales y los municipios de todo Chile.
Y la relevancia histórica de este hito se debe a que, precisamente gracias a la actividad productiva minera que se desarrolla en 33 comunas de nuestro país – entre las que se cuentan Chañaral y Diego de Almagro – del total nacional de 346 comunas, los gobiernos regionales y municipios chilenos recibirán 450 millones de dólares de manera directa.
Por eso, en la región de Atacama y en particular en la provincia de Chañaral, debemos sentirnos orgullosos y atentos por este concreto aporte que hacemos a la patria, tras 4 años de tramitación de esta iniciativa en el congreso nacional. Orgullosos porque se trata de nuestra principal actividad económica y atentos porque el fundamento de la obtención de estos recursos económicos es el hecho de que el royalty es un cobro a la actividad minera muy común en el mundo, ya que explota recursos naturales escasos y no renovables dejando una alta ganancia. Y en nuestras comunas sabemos muy bien lo que eso significa.
Por lo mismo, junto con destacar los casi 22 mil millones de pesos que, por este concepto, recibirá la región de Atacama, nos importa relevar que se trata de una iniciativa de gobierno que fortalece, indudablemente, a las regiones y al proceso de descentralización, tal como señaló nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel cuando enfatizó que está transferencia o entrega de una parte importante de la recaudación fiscal a los gobiernos regionales y a los municipios de todo el país, es el avance más importante de gestión financiera que hemos tenido en beneficio de los gobiernos subnacionales y particularmente de las regiones, “prácticamente desde el retorno a la democracia”.
Hoy, cuando estemos celebrando el Día del Minero y conmemorando a San Lorenzo, patrono de los pirquineros y mineros, tengamos la satisfacción de ser los artífices de este paso trascendental para nuestro desarrollo local y asumamos el desafío de cautelar este logro que, como sucedió cuando se nacionalizó el cobre, es sinónimo de justicia territorial.