Por Sofia Vargas Roberts Seremi Vocera de Gobierno en Atacama
La reforma de pensiones en Chile sigue siendo uno de los temas más cruciales y debatidos
en el Congreso, y no es para menos. La promesa de transformar un sistema que ha dejado
a miles de chilenos con jubilaciones insuficientes ha sido un compromiso transversal de los
últimos gobiernos. Sin embargo, el avance de esta reforma se ha convertido en un juego
político de idas y vueltas, donde las promesas se diluyen en largas negociaciones y
consensos que parecen eternos.
Desde su propuesta inicial, la reforma ha puesto sobre la mesa puntos que, a todas luces,
representan un avance. Entre ellos, la idea de mejorar las pensiones a través de un sistema
mixto, el fortalecimiento de la solidaridad intergeneracional, y la incorporación de un pilar de
reparto que permita aumentar los montos que reciben los jubilados más vulnerables. Sin
embargo, estos elementos han sido motivo de desacuerdo entre los distintos sectores,
generando un estancamiento que solo posterga la solución para quienes hoy viven con
pensiones que a veces no cubren sus necesidades básicas.
Uno de los puntos más controversiales ha sido el rol de los fondos privados y cómo se
concilian con una lógica solidaria y justa. Los debates en el Congreso han mostrado una
polarización en la que, por un lado, se busca proteger la libertad de los afiliados a decidir
sobre sus fondos, y, por el otro, se intenta avanzar hacia una mayor justicia social. Este
dilema toca fibras sensibles, ya que se trata de definir si la jubilación debe ser un derecho
garantizado o si continuará dependiendo de los vaivenes del mercado.
A medida que pasan los meses, la ansiedad crece en la ciudadanía, especialmente en la
población más envejecida, que observa cómo el tiempo juega en su contra. Las jubilaciones
no pueden esperar más. La urgencia de esta reforma está clara y, en muchos sentidos, su
estancamiento es inaceptable. Es hora de que nuestros representantes en el Congreso
prioricen el bienestar de la ciudadanía por sobre los intereses sectoriales o partidistas. La
historia no será indulgente con quienes hayan puesto trabas a un avance que podría
mejorar la vida de millones de chilenos.
No se trata solo de política, sino de dignidad. Cada día que esta reforma queda en pausa,
es un día más en que las personas mayores siguen viviendo en condiciones indignas. ¿A
qué se le teme? ¿A quién beneficia realmente este prolongado debate? Es tiempo de que el
Congreso avance con valentía y responsabilidad, sin perder de vista el impacto humano de
sus decisiones.
En última instancia, esta reforma representa una oportunidad única de construir un sistema
de pensiones que responda a las necesidades del Chile actual y futuro. Si el Congreso no
logra un acuerdo pronto, el costo no solo será político, sino profundamente social y humano