Nueva Ley de Pesca refuerza el desarrollo sostenible y equitativo de la actividad pesquera en la región de Atacama

Con la reciente presentación del proyecto de la nueva Ley de Pesca, el Gobierno busca
transformar el sector pesquero de manera profunda, promoviendo transparencia, equidad y
sostenibilidad, elementos que traerán importantes beneficios para la región de Atacama.
Esta propuesta, impulsada por el Presidente Gabriel Boric, responde a un compromiso de
proteger los recursos marinos y apoyar a los pescadores artesanales, quienes representan
un pilar fundamental en la economía local y en la preservación de los ecosistemas.
Uno de los aspectos más relevantes para la región de Atacama es la redistribución de
cuotas pesqueras, que garantiza una mayor participación para el sector artesanal,
permitiendo que los pescadores locales accedan a una porción más justa de los recursos
pesqueros. Esto es particularmente significativo para comunidades de pescadores
artesanales que se dedican a la extracción de especies clave para la economía de la región,
como el jurel y la anchoveta.
La ley también busca una mayor equidad en el sector, promoviendo mejores condiciones
laborales y sociales para los pescadores y, en especial, para las mujeres que desempeñan
un rol fundamental en la actividad pesquera de Atacama. Con el impulso hacia la pesca
artesanal, el Gobierno espera mejorar las oportunidades de empleo y fomentar el desarrollo
sostenible de las caletas y sus comunidades.
En este sentido, la seremi de Gobierno de Atacama, Sofía Vargas Roberts, expresó: “Esta
nueva Ley de Pesca, es una ley legítima, sin vicios políticos ni de intereses de unos pocos
en su propuesta. Es un paso esencial para reconocer el esfuerzo y la dedicación de los
pescadores artesanales de nuestra región. Atacama podrá seguir avanzando hacia un
desarrollo pesquero más justo y equilibrado, que no solo impulse la economía local, sino
que también proteja nuestro mar y sus recursos para las futuras generaciones. Nuestro
compromiso es claro: una pesca justa, sostenible y para todas y todos”.
La nueva normativa también refuerza la sostenibilidad ambiental, alineándose con
prácticas responsables que buscan la protección de los ecosistemas marinos y la seguridad
alimentaria a largo plazo