Según un reciente estudio de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), de un total de 387 empresas que se han reorganizado desde que se promulgó la normativa el año 2014, solo 15% son micro y pequeñas empresas (Mipes), y de estas solo el 34% logró llegar a acuerdo.
La tasa promedio de recupero para acreedores, fue de 74%, bastante superior al 17,4% que se logra en las Liquidaciones de Empresas, a la cual se han acogido cerca de 10 mil compañías, lo que indica que la Reorganización ha demostrado ser un mecanismo efectivo, pero no al alcance de las Mipes.
Sin embargo, con la modernización de la Ley de Insolvencia N.º 20.720 y con un refuerzo de la educación financiera, el panorama se ve auspicioso, explica la principal autoridad de la Superir, Hugo Sánchez.
“Nuestra Ley de insolvencia, tenía como objetivo lograr que las empresas se reorganizaran mayormente en lugar de liquidarse, pero para ello se requiere que dichas empresas sean aún viables. Se culpa del poco acceso de empresas de menor tamaño, mayormente, a sus costos de entrada, como el certificado de deuda emitido por el auditor externo, los honorarios del Veedor y los del abogado representante, pero la falta de información, de alertas y de educación financiera en temas de solvencia sería el factor preponderante para no detectar la insolvencia a tiempo, no quedando otra alternativa que liquidarse”, señaló el Superintendente Sánchez.
El diagnóstico apunta a tres factores claves que aumentarían el uso de este procedimiento: primero, reducir los costos de entrada, cosa que se ha logrado recientemente con la aprobación en tercer trámite del proyecto de ley que moderniza la Ley de Insolvencia y crea procedimientos simplificados para Mipes, dentro de los cuales está la nueva Reorganización Simplificada que elimina el certificado de deuda, reemplazándolo por una declaración jurada del deudor, y crea un nuevo tipo de Veedor de procedimientos simplificados que aumentará la competencia, reduciendo los honorarios.
En segundo lugar, “si miramos a otras jurisdicciones como EEUU, no tenemos un “mercado” de financiamiento de empresas en estrés financiero, con inversionistas que sí están dispuestos a rescatar empresas riesgosas con financiamiento a tasas más altas y bajo nuevas condiciones de gobernanza; y finalmente y más relevante, todos los actores de la economía, tanto públicos como privados, tenemos que ayudar a disminuir la brecha de educación financiera que existe en nuestros emprendedores”, indicó.
Para lograr lo anterior, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento ha firmado y utilizado más de cien convenios con instituciones públicas, asociaciones gremiales de empresas de menor tamaño, universidades, municipios y delegaciones provinciales, para realizar charlas y webinars. Además, se ha integrado como invitado permanente a la Comisión Asesora Presidencial en Inclusión Financiera y ha creado su página de educación financiera www.tenlaclara.cl, que contiene videos que explican las diferentes herramientas de la Ley, y posee una calculadora para determinar si se está en insolvencia o no.