Senado aprueba en general el proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica

Texto vuelve a la comisión de Seguridad Pública para el ingreso de indicaciones, cuyo plazo quedó
fijado para el 12 de enero.
 Ministro Marcel valoró aprobación del proyecto pues “nos permite hacer un aporte
institucionalizado, bien regulado y con las facultades suficientes en la persecución del delito y del
crimen organizado, en particular, a través de lo que normalmente se llama la ruta del dinero”
Valparaíso, 20 de diciembre de 2023.- Por unanimidad, la sala del Senado aprobó en general el proyecto
de Ley de Inteligencia Económica Contra el Delito, iniciativa que busca crear un subsistema de inteligencia
económica cuyo fin es perseguir la ruta del dinero ilícito, mejorando la coordinación entre instituciones y
fortaleciendo sus atribuciones. Ahora el articulado vuelve a la comisión de Seguridad Pública para el ingreso
de indicaciones.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró la aprobación del texto asegurando que este es “un proyecto
que tiene una altísima importancia para el Ejecutivo, particularmente en lo que se refiere al ministerio que
dirijo, dado que nos permitirá hacer un aporte institucionalizado, bien regulado y con las facultades
suficientes en la persecución del delito y del crimen organizado, en particular, a través de lo que
normalmente se llama la ruta del dinero”.
Asimismo, el secretario de Estado resaltó el trabajo que se está llevando adelante con los parlamentarios
para consensuar las indicaciones -acordado en la votación en general en la Comisión de Hacienda-, las cuales
se presentarán a más tardar el 12 de enero. “Estamos en condiciones de poder enfrentar la discusión en
particular de la manera más constructiva posible a partir del plazo para la presentación de indicaciones.
Vemos con mucho entusiasmo la posibilidad de poder avanzar con este proyecto y aportar, por esa vía, un
pilar muy importante a todo lo que es la infraestructura de lucha contra el delito”, acotó Marcel.
El subsistema que se creará con esta normativa estará compuesto por la Unidad de Análisis Financiero y las
Unidades de Inteligencia del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, cuyos
integrantes podrán intercambiar información y requerir antecedentes entre sí y a otros organismos públicos.
Si la información intercambiada tiene carácter de secreta o reservada, se mantendrá dicho carácter sin
perjuicio de su traspaso o intercambio.
Estas Unidades se alimentarán de la información que se disponga al interior del mismo Servicio o que
soliciten a otros órganos públicos y derivará en informes secretos que se remitirán al Director o Directora
respectiva, a la Unidad de Análisis Financiero, y a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, cuando
corresponda. Los funcionarios de estas Unidades de Inteligencia estarán sujetos a estándares estrictos de
probidad y deberán mantener el secreto de los antecedentes y documentos de que tomaren conocimiento
en el ejercicio de sus funciones, con sanciones gravosas en caso de incumplimiento.
Asimismo, se perfeccionan las facultades del fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF) de acceder a información sujeta a secreto y reserva bancaria, para que sean
consistentes con las facultades generales de la CMF. También se fortalecen las facultades de investigación
de la CMF a través de la incorporación de atribuciones como citaciones a declarar y la solicitud de medidas
intrusivas y auxilio de la fuerza pública, a la vez que se aumentan las penas a quienes obstaculicen sus labores
de fiscalización.
El fin último de esta coordinación es recolectar y analizar información sobre actividades relacionadas a
distintos tipos de delitos, por ejemplo, tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento
del terrorismo, delitos sobre control de armas, o delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo el de
tráfico de estupefacientes y sicotrópicos y organización delictiva o criminal, a fin de alertar y/o colaborar
con el Ministerio Público y el Sistema de Inteligencia del Estado, entre otros.
En esa línea, la autoridad indicó que “es importante tener facultades adicionales a las que actualmente
tienen los servicios. Pero al mismo tiempo, precisamente en la perspectiva de proteger la honra o el derecho
a la privacidad de las personas, poder hacerlo dentro de un ambiente más regulado y enfocado
específicamente a esta función de inteligencia económica”.
Ejes centrales del proyecto
La iniciativa tiene 3 ejes centrales: fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, la detección
temprana de operaciones económicas sospechosas y la mejora de facultades intrusivas y sancionatorias.
Dentro de las atribuciones y avances que propone el proyecto está el fortalecimiento de la Unidad de Análisis
Financiero ampliando su objeto para que pueda levantar alertas asociadas a delitos de crimen organizado,
además del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, se habilita su acceso a la información
protegida por secreto bancario sin autorización judicial cuando los antecedentes sean necesarios para el
análisis de una operación reportada previamente como sospechosa.
Entre otros ajustes, respecto al Servicio de Impuestos Internos, se establecen sistemas obligatorios de
trazabilidad para rubros que sean de difícil fiscalización o se relacionen al crimen organizado; y se establecen
limitaciones a la operación como Usuarios de Zona Franca a personas con antecedentes penales en el caso
del Servicio Nacional de Aduanas.
El mayor gasto fiscal alcanzaría los $1.481 millones en el primer año de aplicación, para subir a $1.200
millones durante el segundo año y en régimen. Estos montos se destinarán fundamentalmente a la
contratación de personal y a la inversión en sistema informático de conectividad.