Por Sebastián Fergadiotti López
A partir de la actual crisis de seguridad que vive nuestro país, diversas voces de oposición -e incluso oficialistas- propusieron la intervención militar como respuesta ante la avanzada del crimen y la violencia vivida en los últimos años. Para nuestro gobierno ha sido muy complejo reconducir esta voluntad militarista, toda vez que consideramos que militarizar es una respuesta descontextualizada a un conflicto con variadas ramificaciones sociales. Sin embargo, ante este clamor, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha actuado con cautela manteniendo las funciones de las fuerzas de seguridad y orden.
Por lo anterior, vale la pena recalcar qué funciones tiene cada institución. Mal que mal ambas tienen el monopolio de la fuerza. Pero ojo, no por ello son lo mismo ni actúan de igual manera. Vamos viendo.
Si nos acogemos al actual orden constitucional, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) existen para defender a la Patria en caso de agresión externa. Es por ello que sus funciones son fundamentales para disuadir o responder eventuales amenazas en el plano de la seguridad nacional y así tener con qué pelear una guerra. Mientras que, en tanto, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (FOSP) compuestas por Carabineros y PDI tienen como función principal ser la fuerza pública que garantice el orden público y resguarde la seguridad interior. El despliegue de las FOSP asegura la vigencia de los derechos ciudadanos en un contexto democrático, permitiendo el derecho a reunión, la libertad personal, la libertad de asociación, entre otros.
Aclarada la diferencia, entendemos que la delincuencia y la guerra no se abordan de la misma manera. En tal caso, resulta conveniente recordar al eterno general chino SunTzu, autor del tratado militar “El Libro de la Guerra”, quien sostuvo que el conflicto bélico tiene una importancia vital para el Estado. En ella es que se decide la vida y la muerte. La guerra, por tanto, puede ser el camino para la supervivencia o bien para la extinción. Es por ello que para SunTzu, la guerra era un asunto que se debía estudiar muy a fondo.
Hoy a raíz de las opiniones militaristas sobre cómo abordar la crisis del crimen y la violencia, consideramos necesario detener la mirada en estos 3 años de Gobierno y ver cómo nuestra administración ha sido consciente y, ante todo, consecuente con esta distinción. Hoy vemos cómo esta consecuencia logra acuerdos transversales en materia de seguridad.
20 años llevó la discusión para separar las funciones del Ministerio del Interior y construir una nueva cartera en Seguridad Pública. El reciente e inminente Ministerio de Seguridad Pública viene a ser la materialización de una mirada mucho más amplia y prospectiva de cómo abordar la actual crisis de seguridad. La nueva cartera permitirá alinear a las distintas instituciones del Estado en torno a una Estrategia de Seguridad, incluyendo a Gendarmería, la Agencia Nacional de Inteligencia, Impuestos Internos, Aduanas, Gobiernos Regionales y municipios, entre otros. Todo lo anterior supone un tremendo esfuerzo del Gobierno por abordar la seguridad interna robusteciendo el rol del Estado a través de las diversas instituciones pertinentes, sin afectar las garantías constitucionales que nos permiten vivir en un Estado de Derecho.
Ahora bien: ¿cómo se sitúan las regiones dentro de este sistema de seguridad? En regiones, el nuevo ministerio se constituirá en equipos que se dedicarán de manera exclusiva a las tareas de seguridad. Las facultades de dichos equipos van desde la implementación de medidas específicas considerando la realidad regional y, por otro lado, la coordinación con las FOSP. Por lo anterior, esta nueva cartera resulta en una tremenda oportunidad para atender las necesidades específicas de cada región en materia de seguridad.
En consecuencia, lo impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y que contó con un apoyo mayoritario en el Congreso, será recordado como uno de los grandes legados transformadores de su gestión a pesar de las dificultades que impuso la actual composición de las fuerzas parlamentarias y el clima de crispación que impera en el ambiente, dificultades que, por cierto, invitan a proceder de modo demagógico e irresponsable, cuyas consecuencias no hacen más que agravar el sentimiento de desafección que ha echado raíces en una ciudadanía cansada de sufrir problemas de arrastre por la falta de acuerdos políticos.
Es de esperar que el entendimiento y la cooperación puedan extenderse así a otros ámbitos, como es el previsional, uno que ha demostrado -por distintas razones- ser insuficiente en el cumplimiento de su objetivo primordial, que es pagar pensiones dignas.