La iniciativa busca proteger los espacios públicos, fortalecer la convivencia ciudadana y establecer consecuencias temporales para personas condenadas o sancionadas por determinadas conductas.
La Delegada Presidencial Regional de Atacama, Sofía Cid Versalovic, destacó el proyecto de ley impulsado por el Presidente José Antonio Kast, que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, iniciativa orientada a cuidar la infraestructura pública, los bienes de uso común y la convivencia en los territorios.
“El Presidente José Antonio Kast ha sido claro en impulsar una agenda que ponga en el centro la seguridad, el orden público y el cuidado de los espacios que son de todos. Este proyecto apunta justamente a eso: proteger plazas, paraderos, escuelas, monumentos e infraestructura pública que usan diariamente las familias”, señaló la Delegada.
El proyecto propone que personas condenadas o sancionadas por conductas establecidas en la ley puedan ser incorporadas a un registro administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Entre ellas se consideran daños a bienes públicos, rayados no autorizados, evasión del transporte público, desórdenes en espectáculos masivos, bloqueo de calles, consumo de alcohol o drogas en la vía pública y delitos de mayor gravedad.
Al respecto, Sofía Cid precisó que “Es importante que la ciudadanía tenga claridad: nadie será incorporado a este registro por una simple denuncia o sospecha. La inscripción procederá cuando exista una sentencia judicial firme o una sanción dictada por la autoridad competente, según corresponda”.
El proyecto establece que la inscripción tendrá una duración limitada y podrá considerar restricciones temporales, dependiendo de la gravedad de la conducta y de si existe reincidencia. Cumplido el plazo correspondiente, la inscripción se cancelará automáticamente.
“Las consecuencias que contempla el proyecto son temporales y diferenciadas. No se trata de una medida automática ni indiscriminada, sino de reglas que deberán aplicarse según la gravedad de la conducta, respetando el debido proceso y los resguardos que establezca la ley”, agregó la autoridad regional.
Finalmente, la Delegada Presidencial Regional sostuvo que esta iniciativa responde a una demanda ciudadana por mayor cuidado de los espacios comunes y mejor uso de los recursos públicos.
“Los recursos públicos deben estar al servicio de las personas. Cada peso que se destina a reparar daños evitables es un recurso que deja de estar disponible para mejorar servicios, recuperar espacios o responder a otras prioridades de la comunidad”, concluyó Sofía Cid.
Las definiciones finales sobre alcance, requisitos, sanciones, plazos y entrada en vigencia dependerán de la tramitación legislativa correspondiente y de la publicación de la ley y su reglamento.